Los datos escasean debido al hermetismo que la misma autoridad judicial dispuso para seguir avanzando en la investigación. No trascienden identidades ni direcciones exactas, aunque sí el resultado preliminar de los dos primeros allanamientos que autorizó en el marco del expediente que tramita.

Una de las diligencias se ubicó en un sector denominado El Maitenal, dentro del Parque Nacional, y en el barrio Valle Chico, en la urbe de Esquel, ciudad que acogió a cientos de bomberos de todo el país que viajaron para luchar contra las llamas y donde se centralizó el operativo del combate.

Personal de la Unidad Operativa Federal de la fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación ejecutó los allanamientos que ordenó Guido Otranto, el juez que investiga el caso. En los operativos se secuestraron dos armas de fuego, cuatro teléfonos celulares y también documentación que, de acuerdo a fuentes del caso, resulta “fundamental” como material probatorio.

En ambos operativos fueron identificadas tres personas, cuya participación en el inicio del siniestro será investigada. Cuando el campo ardía, el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, apuntó a organizaciones mapuches como responsables de provocar el siniestro. La investigación roza a integrantes de esos grupos, aunque por ahora no se sabe quiénes ni por qué.

La intencionalidad del incendio no es materia de discusión. Incluso Danilo Hernández Otaño, intendente del Parque Nacional afectado, coincidió en que “por las características, el fuego fue provocado”. Lo mismo dijo Torres, quien se reunió con el Juez para pedir un castigo ejemplificador para los autores.

“Hay muchas versiones del origen del fuego: algunos dicen que son internas entre pobladores, otros que son usurpadores, incluso han llegado a decir que son los propios brigadistas porque buscan llamar la atención y tener trabajo en un contexto donde se habla de bajas de contratos”, comentó a este medio Hernández Otaño.

Y amplió: “Acá no hay accidente. Son intencionales siempre en el Parque. Pero no podés saber, ya que lo hacen de noche en un lugar inaccesible, a una hora extrema y con focos simultáneos”. Un dato no menor es que los episodios ocurren siempre en la misma época y comienzan de forma similar.

Este viernes el gobernador reconoció que se estaban realizando diligencias, aunque aseguró que “no hay información concreta, al menos por ahora”. Cuando promediaba el incendio, ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte información sobre los posibles responsables de este ataque ambiental. Sin embargo, la investigación no contempla datos aportados por terceros sino que avanza con datos que obtuvo la fuerza federal.

El fuego se mantuvo vivo durante 27 días, consumió 6924 hectáreas de bosque nativo, arbustos, matorrales y pastizales y dejó a muchos productores ganaderos sin alimento para sus animales. Por su dimensión, varias provincias enviaron recursos materiales y humanos para contribuir al combate del fuego. Hubo, por momentos, hasta 400 combatientes y voluntarios en la línea de combate.

Con el patrocinio del Fiscal de Estado de la provincia, Andrés Giacomone, la provincia se constituyó como querellante en el fuero federal.

En el escrito denunció que el 25 de enero, cerca de las 22.30 horas “de manera intencional, estragosa y con el fin de crear un peligro común, un grupo de personas no identificadas iniciaron focos ígneos en la localidad de Esquel precisamente en el Parque Nacional Los Alerces “el Centinela” que se propago rápidamente dada la vegetación de la zona, el calor y los intensos vientos desde la zona Bahía Rosales perteneciente al Lago Futalaufquen”.

El Gobierno provincial, a través del fiscal de estado, se presentó como querellante en la causa que tramita el fuero federal. Lo mismo hizo la intendencia del Parque Nacional.

Fuentes gubernamentales confiaron en que la investigación “avanza” aunque optaron por no aportar precisiones, para “no entorpecer la tarea que lleva adelante la justicia”.