Esos costos los atribuyen al incremento que recibieron los trabajadores de la estiba enrolados en el SUPA, gremio que sigue cuestionado y donde varios de sus representantes continúan con procesos penal por extorsión hacia algunos empresarios y que el propio secretario de pesca chubutense calificó como una “banda delictiva” PESCARE: “Nos encontramos con una banda delictiva que cometió hechos que los está investigando la Justicia, que cometió extorsiones, que está la cúpula sindical privada de su libertad con arresto domiciliario, y que además nos impusieron en todos los diarios revistas y medios de comunicación del país por el desastre ecológico que hicieron cuando dejaron perecer miles de kilos de langostino”.

Entre el temario y los planteos al gobernador Torres, la Cámara jorgense manifestó que atraviesan una difícil situación también como consecuencia del acuerdo firmado para la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), dado que a su consideración han posicionado a las plantas procesadoras, tanto las medianas como las pequeñas, en una situación muy complicada respecto a los costos que deben afrontar. “Pusieron la vara muy alta y eso nos perjudica en todo aspecto”, sostuvieron.

La Cámara Empresaria de Pesca del Golfo San Jorge ha señalado una vez finalizado el encuentro con el gobernador Torres que “debemos trabajar a producción para que los trabajadores del sector perciban mayores ingresos y se logre atravesar el complejo escenario actual, en lugar de seguir incrementando sumas fijas mediante las cuales hay mayores ingresos sólo para aquellos que menos producen”.

Vale recordar que la misma Cámara empresaria, hace apenas dos meses y a través de dieciocho empresas pesqueras reunidas, habían solicitado a todos los actores a que se concienticen sobre la gravedad que tiene el problema pesquero, de acuerdo a un comunicado.

“Los representantes de 18 empresas pesqueras con más de 2.500 trabajadores nos reunimos con un objetivo claro: reconvertir el esquema sectorial vigente por uno en el que seamos parte en la toma de decisiones que nos afectan gravemente y actualmente ponen en riesgo nuestra continuidad en la industria", manifestaron.

Con respecto al planteo llevado a Torres, y en lo manifestado en el mes de febrero de manera pública la Cámara del Golfo de San Jorge ya había advertido que: “los acuerdos salariales impulsados unilateralmente por CAPIP, sin consulta y perjudiciales para las empresas medianas y chicas, nos afectan gravemente. Actualizando de manera irresponsable los valores de merluza, cuando ninguna de las empresas que integran esa Cámara procesa merluza, lo única que genera es que las empresas que quieren procesar el recursos con la complejidad que tiene esta especie, no puedan hacerlo, lo que complica aún más la situación”.