El mandatario fue contundente al advertir que la medida "es una oportunidad para mostrar, después de muchísimo tiempo, que las cosas se pueden hacer bien y para que, quienes hicieron las cosas mal, paguen las consecuencias, como corresponde". Torres realizó a través de la Secretaría de Trabajo provincial, la solicitud de intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y, dicho organismo, emitió ya la resolución correspondiente, que se encuentra actualmente en poder del Juzgado Federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre.

Las súplicas por al menos revisar qué es lo que sucede con la cooperativa, parecen haber sido atendidas, ya que el mandatario remarcó que "desde el día en que asumí, me comprometí con todos los chubutenses a que cada vez que tomara una decisión importante les iba a comunicar el por qué y de qué manera lo íbamos a ejecutar" y recordó que "vivimos en una de las provincias más ricas de la Argentina, y durante muchísimos años, por desidia, corrupción y desmanejos de los recursos públicos, los gobiernos anteriores fundieron una provincia prácticamente imposible de fundir, donde además naturalizamos cosas insólitas, como tener pueblos aislados energéticamente o pagar una tarifa tres o cuatro veces más cara que en otras regiones, por un servicio que en Chubut es un desastre".

"Lo más grave es que los socios y contribuyentes no sabemos cómo se administran esos recursos, porque no se presentan los balances o no hay transparencia en la administración del organismo", expresó “Nacho” Torres y agregó que “muchas veces las cooperativas son usadas de trinchera política. Generalmente el candidato que pierde las elecciones va por la cooperativa para financiarse y después volver a ser candidato. Ingresan amigos, militantes, etc, esas cosas están mal, hay un tema penal, es un delito, es una estafa”.

El intendente trelewense, Gerardo Merino,apoyó la decisión de pedir la intervención judicial y se pronunció a través de un comunicado en su redes sociales: “Es fundamental garantizar los servicios de luz, agua y cloacas en nuestra ciudad, pero también es clave que las cuentas de quienes administran estos servicios sean ordenadas y transparentes. La intervención judicial marcará el inicio para mostrarlas y ordenarlas”.

Merino ya se había posicionado a favor de la intervención cuando, pasada la mitad de septiembre, salió a la luz la resolución del INAES, que marcaba ese camino y explicó que la auditoría realizada no había podido dar fe de los últimos balances: “Las irregularidades son muchas, desde el no pago de deudas hasta la rotura de calles que no fueron reparadas. No hay dudas de que el único camino es la intervención”, comentó en su momento con anticipación.

Y es que los problemas de la provincia con las cooperativas, y en específico de la ciudad de Trelew, no datan de la gestión actual o al menos la anterior, sino que es un problema que se arrastra desde hace más de una década. En los dos mandatos cumplidos del intendente Adrián Maderna y lo que va del gobierno de Gerardo Merino, pasaron cuatro presidentes de la Cooperativa; el primero de ellos, Fabián Gómez Lozano, había llegado en noviembre del 2014 - luego de un proceso de intervención - y estuvo hasta el 11 de agosto de 2019, cuando lo sucedió Fabricio Petrakosky, en medio de discusiones con el entonces intendente. Petrakosky ocupó la titularidad del Consejo de Administración desde el 2019 hasta mayo del año pasado cuando lo desplazaron del cargo; meses después aprovecharía para ser precandidato a diputado nacional por el frente del justicialismo. A este lo sucedió Jorge Lincheo, quien tomó las riendas de la prestataria hasta hace dos meses cuando lo reemplazó Federico Ruffa.

Ninguno de los encargados de estar al frente de la cooperativa pudo presentarle a la provincia un balance justificable, mucho menos una explicación decente a los vecinos. Un informe ingresado en el Concejo Deliberante, sobre gastos devengados en el mes de marzo, muestra que la Cooperativa Eléctrica de Trelew cuenta con 371 empleados, y tiene un déficit de más de 400 millones de pesos en Energía y más de 346 millones en Agua y Cloacas.

En Energía los ingresos rondan los 275 millones y los costos laborales superan los 600 millones, los costos de funcionamiento se reducen a 81 millones. En Agua y Cloacas los ingresos rondan casi los 500 millones, mientras que los costos laborales superan los 700 millones y los de funcionamiento 122 millones. En medio de este esquema deficitario, la Cooperativa tampoco puede hacer frente a las facturas mensuales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), que en marzo de este año ya ascendía a casi 1000 millones de pesos.

Previamente, entre la mitad y el final del mes de septiembre, el INAES ya había solicitado al juez la intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica, Consumo y Vivienda de Trelew, dado que se habrían detectado serias irregularidades en la convocatoria a elecciones de delegados. Las elecciones, que debían realizarse en agosto de 2024, fueron suspendidas por la Justicia y la resolución fue firmada por la asesora legal del INAES, María Verónica Falco. El secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, había impulsado la solicitud y señaló que los actos de la cooperativa ponen en riesgo su existencia y afectan los derechos de los asociados.

El INAES señaló la falta de convocatoria a asambleas para tratar los balances de 2021, 2022 y 2023, incumplimiento que va en contra de la ley 20.337, reguladora del funcionamiento de las cooperativas. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso electoral y el vencimiento de concesiones son apenas algunos de los problemas, ya que la situación económica de la cooperativa también es de estado crítico dado que la concesión del servicio de electricidad venció hace seis años, y la cooperativa acumula deudas con CAMMESA.

Francisco Castagnoli, el apoderado de la Lista número 3 de las elecciones suspendidas, celebró la intervención judicial en la Cooperativa y explicó que ya había sido presentado un amparo el martes 20 de agosto y habían hecho una presentación ante la Secretaría de Trabajo, solicitando que se oficialicen las listas o se suspendieran las elecciones y remarcó que la intervención es "una excelente noticia tanto para los socios como los vecinos, que de manera directa o indirecta hacen uso de los servicios de la Cooperativa"

Por su parte, la presidente del Concejo Deliberante de Trelew, Claudia Monají, calificó de “excelente noticia” el pedido del gobernador: “La relación de la ciudad de Trelew con la Cooperativa Eléctrica ha sido compleja durante años. Es como una caja negra; no sabemos qué pasa ni cómo salen las tarifas ni qué gastos tienen”, remarcó agregando que “se realizó una auditoría que no ha dado buenos resultados y, a pesar de que se intentó convocar a una votación, fue complejo y oscuro como se desarrolló el llamado a elecciones”.

Al ser consultada respecto a las expectativas de la intervención, Monají aseguró que espera que se “blanquee la situación y podamos definir cuál es la tarifa real que necesita la Cooperativa”, ya que “nos cansamos de sentir que damos tarifa a un agujero negro y que nunca se sabe para qué la gente estaba pagando tanto de luz, y encima se complicó con la eliminación de los subsidios y con la deuda con CAMMESA”.

Pero la intervención judicial no pesaría solo sobre la cooperativa trelewense, ya que en el marco de la entrega de ambulancias al hospital de Esquel, el gobernador comparó la situación de la Cooperativa Eléctrica 16 de Octubre de la ciudad con la de Trelew y anunció que solicitará la semana próxima su intervención al juez Guido Otrento: "El problema no es el sistema cooperativista, porque así como se puede administrar bien o mal una cooperativa, también se puede administrar bien o mal una fundación, o cualquier otro organismo”, y explicó que “de hecho, hay cooperativas que están bien administradas, como por ejemplo la de Gaiman, pero otras están atravesadas por lo peor de la mala política y por los peores vicios, donde se atrincheran militantes y donde las entidades se utilizan para financiar la política y se roban la plata de los contribuyentes, sin cumplir con la transparencia que deberían tener esas instituciones para demostrar cómo se ejecutan los recursos".

La cooperativa que funciona de ejemplo para el gobernador es la perteneciente a la ciudad de Gaiman, que no registra ninguna deuda en su haber con CAMMESA y cumplimenta el pago de la factura mensual sin falta. Por su parte, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia se encuentra en un camino de ordenamiento tras haber iniciado un plan de pago de la deuda histórica acumulada con CAMMESA.

El gobernador precisa acercar tranquilidad a los ciudadanos que cumplen mes a mes con el pago de tarifas cada vez mayores a cambio de servicios cada vez más deficientes, es por eso que aseguran desde el Gobierno provincial que todas las cooperativas en su territorio van a ser auditadas a pesar de que solo las correspondientes a Trelew y Esquel van a ser intervenidas judicialmente por el momento: "Tomamos la decisión de auditar todas las cooperativas de la provincia, informar a los municipios cuál es la situación y, en el caso de ser necesario, como ocurre en Trelew, solicitar la intervención a través del INAES".

El mandatario indicó que “las cooperativas durante mucho tiempo estuvieron blindadas y eran un club de amigos que hacían lo que querían. Bueno, las cooperativas tienen que responder a los vecinos, tienen que brindar información, tienen que administrarse bien y tiene que ser un sistema que garantice un servicio de calidad”

Finalmente, el titular del ejecutivo chubutense apuntó que “algunos pueden decir que esto no es competencia del Gobierno provincial, porque el poder concedente es el Municipio, pero a mí no me eligieron para ser un burócrata que le escape a los problemas, sino para resolver esos problemas y para administrar bien los recursos de la provincia, y hoy el problema de los servicios públicos es de todos los chubutenses”.